Como dice el adagio, “del dicho al hecho hay mucho trecho”: nuestras autoridades parecen vivir en una verdadera realidad que desconoce la incertidumbre en los puestos de trabajo y en las empresas que ven venir, o ya están viviendo, la recesión del 2023.

En las últimas semanas ha sido frecuente escuchar que el Gobierno está haciendo un esfuerzo importante para dar certezas al mundo empresarial y activar la alicaída economía con mayor crecimiento. Pese al voluntarismo en la reactivación económica que demuestra el Gobierno, los hechos van justo en la dirección opuesta. En efecto, parece sesgado decir que el aumento de la carga tributaria genera empleo, lo que sí podría suceder es que recaude más recursos para aumentar el gasto social, lo esto no implica ayudar a incentivar la inversión en Chile ni generar más y mejores puestos de trabajo.

Lo mismo sucede con el proyecto de cuarenta horas. Muchos han señalado que reducir la jornada ordinaria de trabajo se compensa con mayor productividad, pero -además de ser discutible- el hecho concreto es que muchos sectores como el sector agrícola o el del transporte, entre otros, se ven directamente afectados, como el chofer que con esta propuesta va a trasportar menos en su jornada ordinaria. Los costos de seguridad, rubros donde se paga por presencialidad, subirán sus valores, las cosechas se harán más onerosas y un largo etcétera que no se mejora con productividad, ya que en esos procesos se requiere “estar” y no solo producir. Como guinda de la torta, el gobierno impulsa un proyecto de reforma previsional que genera un aumento del 6% del costo de mano de obra. Lo anterior, mezclado con una gran inflación, falta de certeza jurídica y la inseguridad pública a la orden del día, son las condiciones que descartan la proyectada productividad.

Como dice el adagio, “del dicho al hecho hay mucho trecho”: nuestras autoridades parecen vivir en una verdadera realidad que desconoce la incertidumbre en los puestos de trabajo y en las empresas que ven venir, o ya están viviendo, la recesión del 2023.

Quienes apoyan todas estas reformas sostienen que debemos regirnos por un tema de responsabilidad. Que las modificaciones serán graduales, no considerando la carga que éstas imponen a las próximas administraciones de la que ellos no se harán responsables, embargando de paso el crecimiento de nuestra economía en los próximos años.

Si bien la intención suena loable y satisfactoria para la gran mayoría de la población, el problema es que las necesidades deben satisfacerse con los recursos que existen y no al revés. No cabe duda que luego de una revuelta como la de octubre de 2019 y una pandemia de dos años, somos un país y un mundo más pobre. De esto debemos estar conscientes para tomar las medidas más adecuadas, las que en otros países (que no tendrán recesión el año 2023 como nosotros) se han traducido en hacer ajustes, en ayudar a las áreas productivas, justo lo contrario a lo que se está viviendo en Chile. Debemos darnos cuenta que hay que postergar la gratificación de nuestro esfuerzo para un momento en que efectivamente haya algo que repartir.

Ayudar al crecimiento es hacer procedimientos claros y expeditos en temas medioambientales, regulatorios, migratorios; flexibilizar las jornadas de trabajo, permitir libertad al momento de la elección del sistema de salud y de seguridad social, en concreto: dar certezas y no desincentivar en estos momentos la inversión y la contratación de trabajadores.

Sebastián Parga
Socio Parga, Montes & Vasseur Laborales