Según la Cadem, tres de cada cuatro trabajadores (72%) perciben que “la situación del empleo en el país es mala o muy mala”. Esta noticia no sorprende, ante la situación económica tanto local como internacional: cayó el consumo en los hogares, subió el costo del financiamiento, y la inflación está por las nubes –un fenómeno desconocido por las generaciones más jóvenes de Chile.

Pese a ese escenario, la Comisión de Trabajo del Senado acordó por unanimidad reducir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas. Aunque sea políticamente esperado, la pregunta que deberían hacerse legisladores y políticos es, más bien, si sería verdaderamente el momento para este tipo de leyes. ¿No convendrá que legisladores y gobierno se preocupen de la alicaída actividad económica, y de mejorar la productividad como primer paso? Especialmente, considerando que se busca reducir la jornada laboral mientras las proyecciones económicas de la CEPAL indican que seríamos el único país de Latinoamérica que decrecerá en 2023 (ni Venezuela ni Argentina lo harán) y el FMI estima que Chile no crecerá y será el de peor rendimiento de la región.

Quizás un hecho de contexto que deba agregarse a lo que midió la encuesta Cadem sea la reducción de la conflictividad en las huelgas, explicable pues la gente teme por la estabilidad de su trabajo. Entonces, más que buscar la reducción de jornada laboral, el aumento de gratificaciones, y otros proyectos que el gobierno busca sacar adelante en materia laboral, el país debería enfocarse en algo básico: fomentar la inversión que permita más y mejores puestos de trabajo.

Como decía José Mujica, ex presidente de Uruguay, “Yo soy socialista, pero no quiero ser bobo, porque si después, por querer repartir, exprimo demasiado, tengo menos para repartir”. Una mayor inversión ayudará a conseguir esa estabilidad y certezas que cientos de miles de trabajadores anhelan.

Por lo tanto, un foco básico debería ser la mejora de productividad de los trabajadores chilenos y, para lograr este, otro debería ser el refuerzo de la educación básica, destrozada por la pandemia y los violentistas, lo que ha generado un país basalmente más desigual al largo plazo.

Esos son ciertamente los focos que tiene cualquier país desarrollado: educación, estabilidad e inversión. Lo que está ocurriendo ahora o, quizás peor, es que Chile está cayendo en la trampa que José Mujica quería evitar. Aunque el Gobierno ha sido cauto en decir que todos los derechos laborales en estudio se aplicarían con gradualidad, no significa que no se tenga que pagar la cuenta y la actual discusión de esos otros proyectos nos quita el foco que se debería tener en estos momentos, con debates que no consideran ni la realidad ni la necesidad de las personas. Así, ni se habla de educación y nos hemos acostumbrado a comentar la reforma tributaria en curso –aun cuando la desinversión hace que en los hechos recaudemos menos.

Desde lo laboral, y acorde con los tiempos, por qué no hablar de flexibilidad de jornada –como la que se introdujo en pandemia–, de incentivos tributarios para reinvertir las utilidades, de subsidios fuertes a la capacitación de los trabajadores, de incentivos para contratar trabajadores estudiantes de institutos técnico-profesionales, de generar estímulos para la inserción laboral de los más jóvenes y de reducir los requisitos para la contratación de adultos mayores. O por qué no poner menos trabas al trabajo a distancia y generar un enfoque de responsabilidad.

En resumen, cambiemos el foco del interés legislativo, abocándose este en dar soluciones que permitan entregar tranquilidad laboral a las familias. Si queremos evitar fallar como sociedad, estamos a tiempo para enmendar el camino.

Por Sebastián Parga, socio Parga, Montes & Vasseur Laborales