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Ley de migraciones: retos de la administración pública
La inmigración en Chile es uno de los problemas recogidos intensamente por el debate político-social actual, que se agudizó sin que ni Estado ni privados hubiesen encontrado soluciones concretas.
El de nuestro país, sin embargo, no es un caso aislado, y, por ejemplo, en 2015 la Unión Europea padeció una gran crisis migratoria. De hecho, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ese año hubo el mayor número de fallecidos entre migrantes y refugiados que cruzaron el Mediterráneo buscando llegar a Europa. Hoy ese continente enfrenta otro gran reto migratorio producto del conflicto entre Ucrania y Rusia. En Latinoamérica, en tanto, Chile es uno de los países más impactados por la ola migratoria derivada de los retos político-económicos del continente.
La nueva ley de migración logró recoger innumerables propuestas que, desde 1975, habían permanecido intactas y desactualizadas respecto de las necesidades contemporáneas. No obstante, y pese al gran avance legislativo que representa esta regulación, surge la duda de si con la entrada en vigor de la nueva normativa se logrará “ordenar la casa”¸ como señalaba el presidente Piñera cuando promulgó la ley, en abril de 2021. Es que su implementación implicará un gran desafío para el Servicio Nacional de Migraciones (SNM) y dado el nivel del flujo migratorio requerirá agilizar más los procesos.
Esta ley consagra el derecho del Estado de decidir a quién ha de admitir en su territorio. Y será deber del Estado proporcionar a los extranjeros información íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y egreso del país. Se consagran ahora procedimientos informados, se contemplan derechos que eran inexistentes y se estipulan prohibiciones y sanciones destinadas a evitar una migración desbordada e ilegal, fomentando una mayor seguridad para el extranjero que, por necesidad u obligación, ingresa a Chile. La ley es igual para todos, sean nacionales o extranjeros, y el llamado del legislador es a resguardar esta garantía constitucional, sin discriminación alguna.
En la práctica, no obstante, estos aspectos —fundamentales en cualquier legislación migratoria medianamente moderna— aún no se han implementado. Entre tantas nuevas categorías y subcategorías migratorias, y estando claros los criterios para la obtención de un permiso de residencia, queda claro que el SNM será el pilar fundamental sobre el cual descansa la aplicación de la nueva estructura. ¿Estará a la altura?
Así, la ejecución de los procesos y la celeridad de estos —desde que se solicita un permiso de residencia hasta su debido otorgamiento por el consulado de Chile en el extranjero— será la piedra angular a la hora de evitar el atochamiento actual de procedimientos que atosiga a los extranjeros en el país. Agreguemos que la labor de los consulados chilenos en el extranjero será clave para permitir un ingreso ordenado y paulatino, dado que no se podrán realizar solicitudes desde Chile, sino que toda tramitación de los permisos de residencia se efectuará desde los consulados. Cabe nuevamente preguntarse si se habrá reforzado al personal consular y si lo que funciona en el papel funcionará adecuadamente en los hechos.
El principal desafío del Servicio Nacional de Migrantes —y del nuevo gobierno— será el de implementar en la práctica la nueva normativa, que responde a un nuevo orden mundial y regional tumultuoso. Algo que no es menor.
