En una columna publicada en el Diario Financiero, nuestro socio Sebastián Parga M. comenta las grandes diferencias en las sanciones por incumplimiento laboral a que están expuestas las empresas en comparación con las agencias del sector público. Así lo demostraría el caso de una vulneración de derechos fundamentales por parte de la Dirección del Trabajo, a la que el Juzgado del Trabajo de Talca condenó a la reincorporación del trabajador y al pago de indemnización por daño moral. Estos efectos son distintos para las empresas, que pueden ser sancionadas por los mismos hechos con la pena de no poder contratar con el Estado por dos años. Ello eventualmente es susceptible de provocar la quiebra de una compañía que vive de licitaciones o son proveedores de este.

“A pesar de la conmoción que puede generar, o la gravedad de que el propio ente fiscalizador vulnere a sus trabajadores en el ejercicio de sus labores, los efectos de esta condena son mínimos en comparación a los de empresas del sector privado. ¿Cómo puede suceder eso?”, se pregunta Sebastián.