Reforma Previsional: Las cosas como son

El Presidente Boric dio a conocer el proyecto de reforma previsional. Será solo una referencia, ya todo hace suponer que la mayoría parlamentaria no lo aprobará así. Al respecto, mencionemos ciertos puntos del futuro debate en el Congreso.

¿Quién pagará el aumento del 6%? El mandatario dijo que será el empleador, pero, en la práctica, los trabajadores verán cómo reajustes y alzas de remuneraciones disminuirán, ya que el costo será internalizado en los sueldos actuales, mientras que las nuevas contrataciones tendrán otras condiciones.

El aumento del 6% generará más informalidad, es un hecho indiscutido. Y esta aumentará aún más si ese monto —o parte de él— va a un fondo colectivo. Las encuestas indican que, por diversas razones, la mayoría de la gente prefiere la capitalización individual y no quiere compartir su dinero. Si el solo aumento de cotización originará más informalidad, el ahorro individual ahora parcialmente colectivo potenciará no solo la informalidad, sino que el de lagunas previsionales.

¿Por qué parte del 6% debiera ser colectivo? No se entiende esto ante un pilar de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que ha aumentado hasta en 90% las pensiones de las personas de menos ingresos. Por ende, si el 6% es un impuesto al trabajo y la PGU se paga con impuestos, ¿para qué incentivar la informalidad aumentando parte del 6% en un monto colectivo, cuando para eso está la PGU? No tiene asidero técnico ni práctico.

Los anuncios dicen que parte del 6% quedaría en un registro individual; sin embargo, no pareciera que suponga una capitalización individual y eso es preocupante. La experiencia histórica con manejos del Estado no permite ser optimistas ni creer que las buenas intenciones llegarán a puerto. Así, que a uno lo tengan “registrado” con determinado monto no significa que a uno se lo vayan a pagar ni tampoco que tal monto se vaya a capitalizar. Esto último no solo afecta a la certeza de los individuos sobre su dinero, sino también es relevante para el mercado de capitales, pues nuestro desarrollo se ha basado especialmente en las inversiones de las propias AFP. Entonces, ¿qué pasará en la práctica con ese 6%? ¿Será capitalizado o no? No quedó claro.

Finalmente, el uso de un eslogan ideológico al estilo que el proyecto es “el término de las AFP como las conocemos hoy” está cansando. La verdad sea dicha, sí tendremos una AFP estatal — pongámosle el nombre que se quiera—. Y ese organismo retendrá e invertirá al menos 10% de las cotizaciones, pues del otro 6% no sabemos que harán con él salvo “registrarlo”. ¿No será absurdo echar por la borda la enorme experiencia técnica sobre el mercado de capitales que tienen las AFP? Pensar que el Estado lo hará mejor que ellas, mientras la evidencia empírica dice que los privados siempre lo hacen mejor que el Estado, supone un prisma ideológico, no un enfoque técnico ni práctico. ¿Por qué eliminar la libertad de elegir a quien guardará mis los individuales, es decir, tanto el 10% como el 6%? ¿Por qué no pudiera ser el Estado un competidor más, dando de este modo libertad a las personas para decidir por sí mismas a qué entidad les parece que vayan a parar sus ahorros?

Las políticas previsionales son clave, tienen muchas aristas técnicas y consecuencias prácticas en el mercado del empleo, en el de capitales, en el bienestar y en desarrollo de los países. Por ello, no deberían incorporar componentes ideológicos y sí abordarse desde lo técnico, reconociendo lo bueno y lo malo desde donde venga, sin buscar votos ni acoger un eslogan pretérito, sin proponer un relato de corte populista. Busquemos diseños de políticas públicas que prueben que son el mejor sistema.

* Sebastián Parga Moraga es socio de Parga, Montes & Vasseur Laborales