Hace algunas semanas, el Centro UC de Encuestas dio a conocer un alarmante análisis del mercado laboral. Después de la dramática caída del empleo post estadillo y la pandemia, ha habido un repunte parcial que nos sitúa a dígitos similares a los de 13 años atrás (2010), con un déficit de 450 mil empleos. Pero eso no es todo, la Cepal y la OIT han informado que somos el tercer país más rezagado en la recuperación del empleo (solo por arriba de Panamá y Belice) después de la pandemia.
A esto se suma que el Servicio Nacional de Migraciones informó que el último año ha habido un descenso de los permisos laborales en casi un 60%, dejando en evidencia que Chile dejó de ser un país atractivo para buscar un mejor futuro laboral. A su vez, la Dirección del Trabajo, informó que los despidos por necesidades de la empresa han aumentado en un 16% el último año.
Los datos son muy desalentadores. Por otro lado, el estancamiento económico, la falta de acuerdos políticos en seguridad social, el aumento del ingreso mínimo, la reducción de horas laborales y el proyecto de ley de conciliación familiar y laboral que está siendo tramitado en el Congreso, sugieren que
las cifras no mejorarán.
Las políticas públicas en torno al trabajo se han estancado desde el año 2022; sin duda debemos corregir el rumbo.
Muchas de las empresas que han reducido el número de trabajadores no volverán a emplearlos, por lo que las medidas de reactivación económica deben apuntar a nuevas inversiones. Creo que lo primero que debe suceder para que esto se materialice es que el 17 de diciembre se cierre la incertidumbre de la Carta Magna. Sea cual sea el resultado del Plebiscito de la Nueva Constitución, debemos tomarlo como una decisión democrática que nos ayude a avanzar en recuperar la certeza jurídica perdida desde 2019.
Igualmente, se deben evitar los proyectos de ley y las medidas administrativas que sobrecarguen aún más el empleo formal. Es algo indesmentible que somos más pobres y tenemos más pobres que hace pocos años. En este contexto, la falta de acuerdo en materia de seguridad social tampoco da para más. Llevamos más de 10 años en esto y los trabajadores, justificadamente, tienen pocos incentivos por el ahorro cuando se plantean ideas extremas en esta materia. Esto únicamente trae consigo peores pensiones futuras y temores que paralizan inversiones.
El mercado laboral es parte de un todo que está funcionando mal y, como tal, se ve resentido. Mientras los países de Latinoamérica avanzan, nosotros estamos inmóviles. A mi juicio, la clase política debiera tener una mirada más constructiva y apegada a la realidad. Más allá de las frases rimbombantes y de las condenas a la polarización en otros lugares del mundo, preguntémonos si aquí, en nuestro país, existe un ánimo constructivo y la real intención de buscar el bien común. Lo que vemos tan claro para el resto mundo podríamos partir practicándolo en casa.
Sebastián Parga
Socio Parga, Montes & Vasseur Laborales